Actualización sobre movilidad global | Septiembre de 2025

En esta actualización, analizamos los últimos cambios en los permisos de residencia y de trabajo en toda Europa: desde ajustes en las cuotas y umbrales salariales hasta nuevas obligaciones para los empleadores que gestionan a profesionales con movilidad internacional. Estas reformas abarcan una amplia gama de medidas: Irlanda está llevando a cabo una consulta sobre sus listas de permisos de trabajo, Italia ha esbozado los flujos migratorios hasta 2028 y Bélgica ha introducido una nueva lista de profesiones con escasez de mano de obra para la Región de Bruselas. La República Checa ha reestructurado las cuotas de las embajadas, mientras que Finlandia ha impuesto nuevas obligaciones de notificación a los empleadores. Francia ha revisado los requisitos salariales para categorías clave de inmigración, y el Reino Unido ha endurecido su vía de acceso para trabajadores cualificados elevando los umbrales y restringiendo los criterios de elegibilidad.

En conjunto, estos acontecimientos ponen de manifiesto cómo los países europeos están reajustando sus marcos normativos en materia de inmigración para dar respuesta a la demanda del mercado laboral, las presiones demográficas y las prioridades políticas.

Bélgica

A partir del 1 de octubre de 2025, los ciudadanos de terceros países que busquen empleo en la Región de Bruselas-Capital se beneficiarán de una lista actualizada de profesiones con escasez de mano de obra. Los puestos incluidos en la lista ya no requieren una evaluación del mercado laboral. Publicada el 1 de julio de 2025, la lista recoge 82 profesiones en las que no se puede satisfacer la demanda local, lo que facilita a las empresas el acceso a talento internacional.

Por otra parte, el Gobierno flamenco ha endurecido la normativa sobre responsabilidad en cadena en relación con la contratación de ciudadanos de terceros países. Estas normas, que entraron en vigor en 2024, imponen a los contratistas la obligación de recabar información y documentación específicas de los subcontratistas que contraten o empleen a trabajadores de fuera de la UE. Aunque en un principio estaba previsto que entraran en vigor en enero de 2025, su aplicación se ha aplazado hasta enero de 2026 para dar a las empresas más tiempo para prepararse.

Un decreto promulgado el 27 de junio de 2025 ha restringido el alcance de la normativa, limitando su aplicación únicamente a los sectores de alto riesgo, aunque estos sectores aún no se han especificado. Al mismo tiempo, el decreto ha ampliado el marco de aplicación, de modo que tanto los mandantes como los contratistas quedan sujetos a las obligaciones de responsabilidad en cadena. Las medidas actualizadas entrarán en vigor a más tardar el 1 de enero de 2026.

República Checa

A partir del 1 de julio de 2025 entraron en vigor una serie de cambios en las cuotas de inmigración, que modifican el número máximo anual de solicitudes que pueden presentarse en las embajadas checas para obtener visados de negocios de larga duración, permisos de residencia de larga duración con fines de inversión y tarjetas de trabajador. Los ajustes varían según la embajada.

A la embajada checa en Delhi se le ha concedido un aumento de la cuota para el Programa de Nómadas Digitales. También se han establecido nuevas cuotas para las tarjetas de empleado destinadas a ciudadanos chinos, gestionadas por las embajadas de Pekín y Shanghái, mientras que las cuotas de la embajada de Bangkok han aumentado.

Además, se han establecido cuotas para las solicitudes de tarjetas de empleado en las embajadas de Tokio y Taipéi, aunque estas no se aplican a los ciudadanos japoneses ni taiwaneses, sino a los extranjeros que hayan residido en esos países durante al menos dos años consecutivos.

Por el contrario, la denominada «cuota residual» se ha suprimido de hecho en cinco embajadas de África: Adís Abeba, El Cairo, Lusaka, Pretoria y Rabat. Estos cambios reflejan un reequilibrio del sistema de inmigración checo, con consecuencias dispares para los empleadores y los solicitantes.

Finlandia

El 11 de junio de 2025 entró en vigor una modificación de la Ley de Extranjería que establece nuevas obligaciones para los empleadores. Cuando un ciudadano de un tercer país contratado con un permiso de residencia por motivos laborales abandone su puesto de trabajo antes de la fecha de caducidad del permiso, el empleador deberá notificarlo al Servicio de Inmigración de Finlandia en un plazo de 14 días. Las notificaciones deben realizarse a través del sistema en línea «Enter Finland», aunque se siguen disponiendo de formularios en papel si fuera necesario.

El cumplimiento de la normativa es supervisado por la autoridad competente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Los empresarios que no cumplan con la obligación de notificar o que ignoren las solicitudes de información pueden enfrentarse a multas y, en los casos más graves, a una suspensión temporal de su derecho a obtener nuevos permisos de trabajo.

La misma enmienda introdujo la «norma de tres o seis meses de desempleo». En general, si la relación laboral finaliza de forma anticipada, el titular del permiso dispone de tres meses para encontrar un nuevo empleo antes de que se le pueda retirar el permiso. Sin embargo, determinadas categorías de trabajadores se benefician de un plazo de seis meses para la búsqueda de empleo. Entre ellas se incluyen los titulares de la Tarjeta Azul de la UE, los directivos de nivel medio o superior, los trabajadores trasladados dentro de un mismo grupo empresarial y los extranjeros que hayan residido en Finlandia durante más de dos años con un permiso de trabajo.

Además, los titulares de un permiso de residencia para trabajadores por cuenta ajena pueden utilizar dicho permiso para incorporarse a un nuevo puesto de trabajo dentro del mismo sector o para cambiar a otro sector reconocido a nivel nacional como sector con escasez de mano de obra.

Francia

Francia ha completado la transposición de la Directiva de la UE sobre la Tarjeta Azul, lo que facilita a los ciudadanos extranjeros altamente cualificados la obtención de un permiso de residencia plurianual de hasta cuatro años, renovable, sin necesidad de autorización laboral previa. Se han actualizado los requisitos de elegibilidad: ahora los trabajadores deben tener un contrato de trabajo de al menos seis meses con una empresa francesa, frente al requisito anterior de un año. Los solicitantes también deben tener, como mínimo, una titulación de grado o cinco años de experiencia profesional relevante. Para determinados puestos, bastará con tres años de experiencia adquirida en los últimos siete años, aunque aún se está a la espera de la lista definitiva de dichas actividades.

Las nuevas normas también otorgan a las autoridades mayores competencias para denegar las solicitudes. Ahora se puede denegar una Tarjeta Azul si la empresa se ha constituido principalmente para facilitar la entrada de ciudadanos extranjeros, incumple la legislación laboral, fiscal o de la Seguridad Social, o ha sido condenada por empleo ilegal. Al mismo tiempo, se ha facilitado la movilidad dentro de la UE: los titulares de una Tarjeta Azul expedida por otro Estado miembro de la UE pueden trasladarse a Francia al cabo de un año, en lugar de los 18 meses anteriores, y pueden presentar su solicitud de permiso de residencia tras su llegada.

Además, un decreto de 13 de junio de 2025 ha revisado los requisitos salariales para dos categorías de permisos de inmigración por motivos laborales: «Empleado cualificado» y «Empleado en comisión de servicio». Los salarios para estos permisos deben compararse ahora con un salario bruto de referencia. Si bien una orden ministerial de 2016 fijó este umbral en 35 891 euros, el Gobierno aún no ha confirmado si esta cifra sigue siendo aplicable o si pronto se introducirá un umbral más alto. Hasta que se publique una aclaración, se espera que los empleadores y los solicitantes consideren los 35 891 euros como el mínimo seguro para evitar denegaciones y que lo tengan en cuenta a la hora de elaborar los contratos. Se prevé la publicación de un nuevo decreto.

También se han endurecido los requisitos lingüísticos y de integración. En virtud de la Ley de Inmigración de enero de 2024, los solicitantes de permisos de residencia plurianuales deben demostrar ahora un dominio del francés de nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, mientras que la residencia permanente requiere el nivel B1. Para la naturalización, el nivel mínimo se ha elevado de B1 a B2. Un decreto de 15 de julio de 2025 ha aclarado que los solicitantes también deben completar una formación cívica y superar un examen formal de opción múltiple sobre los valores, la historia, las instituciones, los derechos y deberes, la geografía y la cultura de Francia, con una nota mínima de aprobado del 80 %. Una entrevista con un funcionario público ha sustituido a la anterior entrevista de asimilación, lo que ha dado lugar a un proceso más estructurado.

En conjunto, estas medidas ponen de manifiesto la intención de Francia de atraer a profesionales altamente cualificados, garantizando al mismo tiempo su integración en el mercado laboral y en la sociedad en general. Para los empleadores, las prioridades inmediatas son ajustar los salarios, como mínimo, al nivel de referencia de 2016 hasta que se publiquen nuevas directrices, revisar cuidadosamente las condiciones de los contratos y preparar a los solicitantes para los requisitos lingüísticos y las obligaciones cívicas más estrictos que ahora forman parte de la planificación de la residencia de larga duración.

Irlanda

El Ministerio de Empresa, Comercio y Empleo ha abierto una consulta pública para revisar las listas de profesiones que determinan el acceso al sistema de permisos de trabajo de Irlanda. El marco funciona a través de dos listas: la Lista de profesiones no elegibles, que incluye los puestos para los que existe suficiente oferta nacional o del EEE y para los que no se expiden permisos, y la Lista de profesiones con competencias críticas, que identifica los puestos con escasez de mano de obra que pueden optar a un permiso de trabajo por competencias críticas.

La última revisión, realizada en 2023, añadió 11 puestos a la lista de «competencias críticas» y eliminó 32 puestos de la lista de «puestos no elegibles», lo que los hizo aptos para los permisos de trabajo generales. La consulta actual invita a los empleadores y a las partes interesadas a presentar propuestas de reclasificación, ya sea para incluir puestos en la categoría de «aptos para permisos generales» o para añadirlos a la lista de «competencias críticas». La consulta se cerró el 19 de septiembre de 2025.

Italia

Una ley reciente ha creado una nueva vía para la obtención de visados destinada a los descendientes de ciudadanos italianos. Los solicitantes que cumplan los requisitos podrán obtener un visado nacional de tipo D y un permiso de residencia para trabajar en Italia sin estar sujetos a las cuotas anuales del Decreto «Flow». Los solicitantes deben contar con una oferta de trabajo de un empleador italiano, residir fuera de Italia y demostrar su descendencia de un ciudadano italiano. Aún no se han confirmado los documentos específicos necesarios para acreditar dicha descendencia. Además, el derecho a acogerse a esta vía se limitará a los nacionales de países con un historial de flujos migratorios significativos hacia Italia, que se definirán mediante un decreto interministerial.

El 30 de junio de 2025, el Consejo de Ministros italiano concedió la aprobación preliminar al Decreto sobre flujos migratorios para el periodo 2026-2028. Esta medida regula la entrada regular de trabajadores no comunitarios con el objetivo de apoyar el mercado laboral y combatir la migración irregular. Para 2026 se prevén 164 850 admisiones, mientras que a lo largo del trienio se prevé un total de 497 550 autorizaciones. De ellas, 230 550 corresponden a trabajos no estacionales y por cuenta propia, y 267 000 a puestos estacionales en la agricultura y el turismo. El Gobierno también tiene la intención de promover las admisiones fuera de cuota y de sustituir gradualmente el actual sistema del «día del clic» por un modelo centrado en los puestos prioritarios y en una mejor formación en los países de origen.

Por otra parte, un referéndum sobre la naturalización celebrado los días 8 y 9 de junio de 2025 no alcanzó el quórum requerido del 50 %, con una participación de tan solo el 30 %. La propuesta habría reducido el requisito de residencia para obtener la ciudadanía de diez a cinco años. Por su parte, se han endurecido los requisitos para la ciudadanía por descendencia, exigiendo un vínculo directo con un antepasado directo, como un progenitor o un abuelo, pruebas más estrictas del linaje y requisitos adicionales, como la residencia efectiva o vínculos demostrables con Italia. Para la naturalización, sigue aplicándose el requisito de residencia de diez años, junto con condiciones relativas a los conocimientos lingüísticos, los ingresos, la ausencia de antecedentes penales y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Reino Unido

A partir del 22 de julio de 2025, se aplicarán restricciones importantes a la vía de «trabajadores cualificados», tras la publicación en mayo del Libro Blanco del Gobierno sobre inmigración. Los certificados de patrocinio expedidos a partir de esa fecha estarán sujetos a normas más estrictas. Ahora, solo los puestos de trabajo del nivel 6 del RQF, equivalentes al nivel de titulación universitaria o superior, podrán optar al patrocinio. Los puestos de cualificación media, correspondientes a los niveles 3 a 5 del RQF, seguirán siendo elegibles únicamente si figuran en la Lista de salarios de inmigración o en la nueva Lista de escasez temporal.

Las solicitudes familiares también se han visto afectadas. Los solicitantes principales patrocinados en virtud de las categorías de la «Lista salarial de inmigración» o la «Lista de escasez temporal» ya no tienen derecho a traer a sus familiares a cargo, salvo en circunstancias excepcionales. Los cuidadores y los cuidadores de personas mayores solo pueden presentar su solicitud desde el Reino Unido, con sujeción a las disposiciones transitorias.

Los umbrales salariales de la vía de «trabajadores cualificados» se han elevado para reflejar los datos actualizados del mercado laboral. Al mismo tiempo, se han eliminado por completo 111 profesiones de la lista de las que cumplen los requisitos. Estas medidas forman parte de la estrategia más amplia del Gobierno para reducir la inmigración neta, restringiendo el acceso al programa y dando prioridad a los puestos que requieren mayor cualificación.

Equilibrio entre las oportunidades y el cumplimiento normativo

La actual oleada de reformas migratorias en toda Europa pone de relieve un reto común: encontrar el equilibrio entre la demanda de trabajadores cualificados y las presiones políticas y normativas para controlar la inmigración. Bélgica e Irlanda están abriendo vías para hacer frente a la escasez de mano de obra, mientras que la República Checa, Finlandia y Francia están endureciendo los procedimientos y las obligaciones. Italia se está preparando para futuros flujos migratorios a gran escala, y el Reino Unido está restringiendo el acceso a su vía de «trabajadores cualificados» con umbrales más altos y requisitos de elegibilidad más estrictos.

Para los empleadores y los profesionales con movilidad internacional, estas reformas ofrecen oportunidades, pero conllevan unos requisitos de cumplimiento más estrictos. Los nuevos visados, las cuotas revisadas y las listas de profesiones con escasez de mano de obra facilitan el acceso al talento, pero van acompañados de criterios salariales más exigentes, obligaciones de información y normas de integración más estrictas. La tendencia se orienta hacia sistemas que premian la necesidad real y la contribución económica demostrable, al tiempo que se cierran las vías que se consideran susceptibles de ser objeto de abuso.

En este contexto, las organizaciones deben identificar oportunidades y, al mismo tiempo, reforzar sus marcos de cumplimiento normativo para adaptarse a la evolución de la normativa nacional. El éxito dependerá de que se logre el equilibrio adecuado: garantizar el talento necesario para el crecimiento y, al mismo tiempo, cumplir con los estándares de rendición de cuentas cada vez más exigentes establecidos por los organismos reguladores.

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