A partir del 2 de agosto de 2026, los sistemas de IA utilizados para la contratación, selección y evaluación de personas se considerarán de alto riesgo en virtud de la Ley de IA de la UE. Cualquier clasificación algorítmica de candidatos, filtrado de currículos o puntuación de entrevistas deberá ser transparente, estar supervisada por personas cualificadas y someterse a pruebas para detectar sesgos; las multas podrán alcanzar los 35 millones de euros o el 7 % de la facturación global en el extremo superior de la escala, y las empresas de selección de personal no pertenecientes a la UE que contraten en la UE quedarán plenamente sujetas a esta normativa.
Cualquier agencia que clasifique a los candidatos mediante un algoritmo, cualquier equipo de RR. HH. que filtre currículos mediante aprendizaje automático y cualquier plataforma que puntúe entrevistas en vídeo deberá demostrar que la tecnología es transparente, está supervisada y se ha sometido a pruebas para detectar sesgos. Este artículo explica qué se considera de alto riesgo, quién asume qué obligaciones, a qué ascienden las multas y cómo las empresas de selección de personal pueden cumplir con la normativa sin renunciar a las ventajas de productividad que ofrece la IA.
El anexo III de la Ley de IA califica como de alto riesgo la IA destinada a la contratación o selección —publicación de anuncios de empleo específicos, análisis y filtrado de solicitudes, evaluación de candidatos— y la IA utilizada para tomar decisiones sobre ascensos, despidos, asignación de tareas y supervisión de los trabajadores. Estos sistemas influyen en los medios de vida, y los errores o los sesgos inherentes se replican a gran escala.
Ya se aplican dos hitos anteriores: desde febrero de 2025, las prácticas prohibidas —incluido el reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo— están totalmente prohibidas, y las organizaciones tienen la obligación de impartir conocimientos sobre IA al personal que utilice herramientas de IA. La fecha de agosto de 2026 supone la entrada en vigor del régimen completo de alto riesgo para los sistemas comercializados o puestos en servicio. Se ha debatido la posibilidad de aplazar algunos elementos del calendario en el marco de las propuestas «ómnibus» digitales de la Comisión; no obstante, la planificación debe partir de la base de que el plazo se mantendrá.
| Función | Ejemplo típico | Obligaciones fundamentales |
| Proveedor | Proveedor de tecnología de recursos humanos que desarrolla herramientas de selección de currículos o sistemas de puntuación de entrevistas | Sistema de gestión de riesgos, gobernanza de datos y pruebas de sesgo, documentación técnica, precisión y solidez, evaluación de la conformidad, marcado CE |
| Implementador | Agencia o empresa que utiliza el sistema del proveedor para gestionar a los candidatos | Utilizar según las instrucciones, contar con supervisión por parte de personal cualificado, introducir los datos pertinentes, llevar registros, supervisar el funcionamiento, informar a los trabajadores y a sus representantes, y cooperar con las autoridades. |
La mayoría de las agencias y empresas son «implementadoras», pero modificar sustancialmente una herramienta de un proveedor, o comercializarla con marca blanca bajo tu propia marca, puede elevarte a la categoría de «proveedor», lo que conlleva responsabilidades mucho mayores. Las «implementadoras», en el contexto laboral, deben informar a los trabajadores afectados y a sus representantes antes de su uso; no se debe inducir a error a los candidatos en lo que respecta a la interacción con la IA; y los derechos recogidos en el artículo 22 del RGPD sobre las decisiones automatizadas se aplican de forma paralela a la Ley: hay que gestionar ambos regímenes de forma conjunta.
Las multas previstas en la Ley de IA se calculan en función de la facturación y se encuentran entre las más elevadas de la legislación de la UE: hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación anual global por prácticas prohibidas; hasta 15 millones de euros o el 3 % por incumplir obligaciones de alto riesgo; y hasta 7,5 millones de euros o el 1 % por facilitar información engañosa a las autoridades. Los mecanismos de aplicación se reforzarán a partir de 2027, pero las obligaciones son vinculantes desde las fechas de entrada en vigor —y el daño a la reputación derivado de una herramienta de selección sesgada rara vez espera a que intervenga un regulador—. La ley también tiene carácter extraterritorial: una agencia del Reino Unido o de EE. UU. que seleccione candidatos para puestos en Alemania no puede quedar al margen de esta normativa.
¿Supone el uso de la IA en la contratación un alto riesgo según la Ley de IA? Sí. El anexo III enumera expresamente los sistemas de IA destinados a la contratación o selección —publicidad de empleo dirigida, filtrado de solicitudes, evaluación de candidatos— y a la toma de decisiones en el ámbito laboral sobre ascensos, despidos, asignación de tareas y supervisión. Dichos sistemas deberán cumplir los requisitos aplicables a los sistemas de alto riesgo —entre los que se incluyen la gestión de riesgos, las pruebas de sesgo, el registro de datos y la supervisión humana efectiva— a partir del 2 de agosto de 2026.
¿Se aplica la Ley de IA a las empresas no pertenecientes a la UE? Sí, siempre que sus sistemas de IA se comercialicen en el mercado de la UE, se utilicen en la UE o que sus resultados afecten a personas que se encuentren en la UE. Una empresa de selección de personal con sede en Londres o Nueva York que evalúe a candidatos para puestos de trabajo en la UE entra dentro del ámbito de aplicación de la ley, por lo que los grupos de selección de personal a nivel mundial deben aplicar una norma de cumplimiento conforme a los estándares de la UE en todo su proceso de contratación.
Las sanciones previstas en la Ley de IA se clasifican por tramos: hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación anual global por prácticas prohibidas; hasta 15 millones de euros o el 3 % por incumplir las obligaciones relativas a los sistemas de alto riesgo; y hasta 7,5 millones de euros o el 1 % por facilitar información incorrecta a las autoridades. La aplicación de la normativa a nivel nacional se intensificará a partir de 2027, pero las obligaciones —así como los riesgos civiles y de reputación— se aplican a partir de las fechas de cumplimiento anteriores.
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